Viernes, 14 de diciembre de 2007
LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO LABORAL

Los principios del proceso laboral son parte integrante de los principios del derecho del trabajo. No es muy fácil separar unos de otros porque muchos de los principios del derecho sustantivo tienen, dentro de su contenido , aspectos de carácter instrumental o procesal, y viceversa. Esto origina que la enumeración de los principios procesales que hacen los tratadistas, muestren algunas diferencias

PRINCIPIOS FINES Y PRINCIPIOS OPERATIVOS:

No todos los principios procesales tienen la misma jerarquía. Algunos de ellos constituyen el fundamento de la existencia del proceso laboral, mientras que los demás tienen que ver con el cumplimiento de esos principios fundamentales. A los primeros podríamos llamarlos “Principios Fines del Proceso” y a los otros “Principios Operativos del Proceso” . Los primeros justifican o hacen posible la existencia del proceso y los otros marcan el comportamiento del proceso.

I.- Principio Tutelar del trabajador.

En primer lugar es necesario distinguir el derecho de tutela jurisdic¬cional que concierne al derecho procesal en general, de lo que es el princi¬pio tutelar del trabajador1 que es una particularidad del derecho procesal del trabajo. El primero, consiste en el derecho que tiene toda persona de requerir la intervención de la función jurisdiccional del Estado para solucio¬nar cualquier litigio que se presente entre los miembros de una comunidad social. De ahí que sé conceptúe, a la tutela jurisdiccional como un presu¬puesto de convivencia social pacífica.

En cambio, el principio de tutela procesal del trabajador; tiene que ver con las consideraciones que se le guarda dentro del proceso laboral.

La aparición del derecho del trabajo como disciplina especial, se debió a la necesidad de proteger al trabajador frente a la superioridad del emplea¬dor. Si en las relaciones laborales, empleadores y trabajadores no son iguales, la desigualdad se agrava cuando ambos litigan. Como dice Isaías Rodríguez (Laboralista venezolano) «el patrono litiga contra el estómago del trabajador». Esa es la razón por la que el esquema del proceso laboral está estructurado para lograr un trámite equilíbrado1 mediante la protección o tutela del más débil.

a) Gratuidad procesal para el trabajador

Toda persona tiene derecho a reclamar justicia del órgano estatal co¬rrespondiente. Es decir, cuando un miembro de una sociedad pretenda algo de otra, la pretensión es atendida por un órgano jurisdiccional, a través ¬de un proceso con garantías mínimas. Esto es lo que se denomina, el derecho a la tutela jurisdiccional. La doctrina es casi unánime al considerar que la tutela jurisdiccional corresponde exclusivamente al Estado, criterio que ha sido recogido por la legislación nacional. Así, por ejemplo, la Cons¬titución, dispone que la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder judicial (art. 158, 159 Cn.).


Arto. 158 Cn : “ La justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por el Poder Judicial, integrado por los tribunales de justicia que establezca la ley”.

Arto 159 Cn.: inicio 2º Párrafo: “Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar los juzgado corresponde exclusivamente al Poder Judicial”
Son principios y derechos de la función jurisdiccional entre otros, la unidad y exclusividad de la misma. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. ( Arto. 159 Cn.)

Similares consideraciones encontramos en la Ley Orgánica del Poder judicial, Ley 260 (art.2,3 y 6). El Código Procesal Civil es mucho más especifica, al se¬ñalar que la potestad jurisdiccional del Estado es indelegable (art. 1°).

En base a tales consideraciones podemos concluir que la actividad de administrar justicia es un servicio público indispensable para la consecu¬ción de la paz social. Consecuentemente el acceso a ese servicio de la búsqueda de justicia debe ser gratuito. Es decir, los derechos de acción y contradicción procesal no deben estar supeditados al pago de sumas de dinero. Esto no impide la posibilidad de que la ley contemple el abono de costas en determinadas circunstancias. Incluso en la actualidad dadas las limitaciones económicas de los Estados, se sostiene que la gratuidad no debe ser absoluta sino excepcional.

En el caso del proceso laboral, el principio de gratuidad en favor del trabajador, tiene Una aceptación casi unánime. Por el mismo, se busca faci¬litar al trabajador el acceso a los órganos de administración de justicia para demandar la restitución de sus derechos laborales. La facilidad se sustenta en la carencia de recursos económicos por parte del trabajador y en la prioridad de sus beneficios laborales. Sin la gratuidad, el trabajador, en muchos casos, no podría acceder a la tutela jurisdiccional, con lo cual se consagraría el atropello en beneficio del empleador.


b) Inversión de la carga de la prueba

El Código de Justiniano contiene, en relación con este principio, pres¬cripciones como las siguientes: actore non probante, qui convenitur, et sí nihil ipse praestet, obtinebit: “no probando el actor, ganará el demandado, aunque nada hubiera alegado”. Actore non probanten, reus est absolvendus: “si el actor no prueba, hay que absolver al reo” (Lib. ll, tit. I, ley 4ta.).

Lo anterior sirva para afirmar que en el derecho procesal la regla general es que el demandante tiene la carga de la prueba. Es decir quien demanda debe probar los hechos que invoca en su demanda. De lo contrario, se absolverá al demandado aunque nada hubiera alegado en su favor.

En el derecho procesal del trabajo, esta regla no es absoluta sino ex¬cepcional. Es el demandado el que tiene la carga de la prueba. que buscará desvirtuar las afirmaciones que haga el demandante en su demanda. De no cumplir, el demandado, con esta obligación procesal, se le podrá condenar satisfacer la pretensión del demandante.

Como se puede apreciar, aquí se invierte la regla general que busca que sea el demandante el que pruebe los extremos de su demanda, para trasladar tal obligación, al demandado. De ahí el nombre de inversión de la carga de la prueba.

El fundamento de este comportamiento, en el derecho procesal del trabajo; está en la forma como funcionan las relaciones laborales entre tra¬bajador y empleador. Cuando el primero se emplea al servicio del segun¬do, este último asume la obligación de cumplir con toda la formalidad que la ley establece, tales como libro de planillas, boletas de pago y demás documentos. De manera que es el patrono quien tiene en su poder los medios probatorios que acreditan haber cumplido con todas sus obligacio¬nes laborales, frente al trabajador.


Por lo tanto, al trabajador le basta afirmar que se ha incumplido con sus derechos y será el empleador o demandado quien tiene que acreditar lo contrario.

Todo el esquema de la inversión de la carga de la prueba ha sido roto por la nueva ley procesal de trabajo nacional al contemplar la posibilidad de que el empleador pueda ser demandante. Ante esta eventualidad, al referirnos a este principio ya no se podrá decir, en todos los casos, que la carga de la prueba corresponde al demandado sino, para ser más precisos, al empleador.

SENTENCIAS SOBRE INVERSIÓN DE LA CARGA PRUEBA.

“Al afirmar el representante de la demanda que le había pagado sus prestaciones al actor, se opera la inversión de la carga de la prueba (art. 1080 Pr)., y la demandada quedó obligada a probar que había pagado todas las prestaciones al trabajador, e incluso las vacaciones, carga con la cual no cumplió. Se reajustaran las vacaciones. (53). Sent. 07-02-80.”

“Se ha operado una inversión de la carga de la prueba, y por ello el empleador, para desembarazarse de la obligación de responder por las reclamaciones laborales del actor, debió presentar pruebas de sus afirmaciones para su descargo, lo que no hizo aca¬rreando tal situación procesal, los efectos jurídicos de tener por ciertos los hechos contenidos en el libelo de demanda, en lo que respecta al preaviso. (365) Sent. 19-08-80.”

SENTENCIAS SOBRE PRUEBA NULA.

“Por recibirse sin notificar a la parte demandada. (249). Sent. 11-06-80.”

“La de testigos recibidas sin citación de la parte contraria, pues causa indefensión. Se llama la atención al Juez de la causa para que sea más cuidadosa en la tramitación de los tíos. 335). Sent. 29-07-80.”

c. In dubio pro operario

Esta es una expresión latina que significa que cuando el juzgador tenga duda acerca de quién tiene la razón, Ia misma debe resolverse en favor del trabajador por ser la parte más débil en la relación laboral.
Este principio puede interpretarse en términos amplios, si se acepta que todo tipo de duda, Incluso la que tenga que ver con los hechos, favorece al trabajador tal como sucede en el derecho penal con el In dubio pro reo.

En la legislación procesal laboral nacional y en otras, sólo está permitido resolver la duda en favor del trabajador, cuando se origine en la interpretación de las normas ya sean legales o convencionales.
Sin embargo, no debemos olvidar que en el derecho sustantivo de trabajo, la duda tiene una mayor amplitud en la aplicación de la ley mas favorable y de la condición más beneficiosa, las mismas que abarcan no solo a situaciones legales sino también fácticas.

d) Sentencia plus o ultra petita

Para una mejor exposición de este principio es necesario referirnos primero al tema de la congruencia de la sentencia. En esta materia, el dere¬cho procesal civil exige que toda sentencia debe ser congruente con la demanda. Esto significa, que el juez cuando falla tiene que pronunciarse sobre todos los aspectos que contiene la pretensión del demandante y por otra parte, no puede resolver extremos que no estén contenidos en la demanda, ni otorgar más allá de lo demandado.

SI la resolución cumple con estas exigencias estaremos frente a una sentencia congruente casi todas las legislaciones sancionan con nulidad la incongruencia de las sentencias.
En Ia medida en que las sentencias no cumplan con estos requisitos, se pueden presentar las siguientes incongruencias:

- Sentencia «citra petita» es la que omite pronunciarse sobre alguno o todos los extremos o puntos que contiene la demanda.

- Sentencia «extra petita», es la que resuelve una cuestión que no contiene la demanda.

- Sentencia «plus o ultra petita», cuando se concede valores mayores a los que el demandante pide en su demanda.

“Es importante tener presente que el fallo no es incongruente si otorga menos de lo que el actor ha reclamado, lo que frecuentemente hace un juez ante la exageración de los litigantes.

Sentencias como Ultrapetición. (BJ15441, de 1951 y 170959 de 1954).
Este vicio implica un fallo excesivo, diciéndose por eso que se caracteriza por un exceso de poder. El Juez, por las propias razones invocadas en la demanda, no da cosa distinta, sino lo pedido y más de lo pedido, como cuando demandándose a una persona por mil Córdobas, se le mandará pagar diez mil. “

En el derecho civil las sentencias deben ser siempre congruentes. Es decir, no está permitido ninguna de las incongruencias antes señaladas.

En cambio, el derecho procesal laboral permite que se dicte válidamente, las sentencias incongruentes ultra o plus petita. La legislación nacional en los diferentes
dispositivos reguladores del proceso, sólo ha permitido la sentencia plus o ultra petita, más no la extra petita.

Por ejemplo, en reiteradas sentencias y disposiciones se ha mandado ordenar el pago de sumas mayores a las reclamadas sí de lo actuado apareciere error en los cálculos de las liquida¬ciones demandadas.

II.- Principio de veracidad o primacía de la realidad

Falza demostratione mutari substantia veritatis minirne potest, "lá esencia de la verdad no cabe alterarla con una falsa demostración", prescribe el Código de Justiniano (Libró 1, tftulo XVIII; Ley 5ª ).

En el desarrollo de un proceso se mueven dos tipos de versiones res¬pecto a los hechos que originan él conflicto. Una de esas versiones es la que las partes buscan mostrarle al juez a través de los medios probatorios, y que frecuentemente no se ajustan a la realidad. En muchos casos ese alejamiento de la verdad es intencional.

Pero no se puede negar la otra situación, que se da cuando en el proceso hay una coincidencia entre la realidad y lo que se logra probar En el primer caso estamos ante lo que se denomina la «verdad formal». En el segundo, ante la «verdad real»

A menudo, una sentencia se sustenta en cualquiera de las dos versio¬nes de los hechos, esto es, en la real o en la aparente. El ideal de una correcta administración de justicia es que las sentencias se basen en la verdad real, es decir, que prime la realidad frente a la «verdad formal». La sentencia que no se asiente en la realidad, será una sentencia formal. Sentencia que se base en la realidad, será una sentencia justa.

Sin embargo, el deber de la veracidad todavía es discutible en el pro¬ceso civil; autores como Wach y Calamandrei, lo consideran como un «ins¬trumento de tortura moral». El hecho de estar incorporado este deber en el Código Procesal Civil, consti¬tuye «un salto al vacío» por tratarse de un tema intrínsicamente polémico y por haberse adoptado en un contexto de una incipiente formación científi¬ca de jueces y abogados.

En el proceso laboral, no hay discusión en la tesis de que la verdad real debe primar frente a la verdad aparente. El juez está dotado de facultades para verificar la exactitud de las afirmaciones o negativas manifestadas por las partes es decir es menester comprobar la verdad o falsedad las mismas, con el objeto de de llegar a una convicción acerca de la veracidad real.

De esta manera, el juez desplaza a las partes en la correcta calificación jurídica de los hechos, es decir; rectifica el error casual o intencional de los litigantes Aquí también se produce una diferencia con el proceso civil; en éste el juez. Por ejemplo, por lo general busca aquello que las partes realmente han deseado en un negocio jurídico y da a esa voluntad la denomina¬ción jurídica adecuada.

En el proceso laboral, el juez va más allá y no solamente busca lo que las partes desearon. sino cómo se comportó la realidad. Es frecuente que dos personas celebren un contrato de locación de servicios, pero aunque esa hubiera sido la voluntad de los contratantes, al juez laboral, antes que eso le interesará averiguar cómo se desarrolló la prestación de servicios, y de esa manera descartar o aceptar la existencia de un contrato de trabajo.¬

Es preciso señalar que el principio de la primacía de la realidad, no tiene un valor absoluto en el proceso laboral porque éste debe funcionar en concordancia con las reglas del proceso. Es así que, algunos apercibi¬mientos buscan establecer verdades presuntas que


Impiden buscar la verdad real. Tal por ejemplo en el caso de las presunciones a que se refiere la ley procesal laboral.

Los principios operativos que contribuyen a la realización del principio de veracidad, son los siguientes:

a) Dirección del proceso

Según esté principio, el juez tiene la facultad de dirigir el proceso y puede ordenar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos o para la exactitud del fallo, sin que tenga que suplir a tas partes en las obligaciones de probanza que les respecta.

La Ley Orgánica del Poder judicial que también es aplicable en el ám¬bito laboral dispone que , «Los Magistrados, cualquiera sea su rango, especialidad o denominación ejercen la dirección de los procesos de su compe¬tencia » El mismo dispositivo concede autoridad, a los jueces, sobre todos los Intervinientes en los procesos judiciales (art.50}.

El Código procesal Civil, sobre el particular, dice que «La dirección del proceso está a cargo del juez quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este código» De esta manera, el Código ha recogido el clamor de la doctrina que se expresa en la opinión de Chiovenda, para quien en el proceso civil moderno el juez no puede conservar la actitud pasi¬va que tuvo en otros tiempos. Por el contrario, debe estar provisto de una autoridad, para que realice la justicia lo más rápidamente y lo mejor posible.

Este principio se equipara al carácter inquisitivo. Por el mismo, según Isis de Almeida; se confiere al juez la función de procurar y reunir el ma¬terial del proceso, de impulsarlo, algunas veces en rebeldía de las partes. Esa potestad del magistrado, añade el profesor brasileño, se encuentra en¬fatizada en el art. 765 de la CLT; el mismo que le otorga al juez o tribunal, amplia libertad en la dirección del proceso y el desenvolvimiento de las causas, pudiendo determinar cualquier diligencia necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

Sin el funcionamiento de este principio no sería posible la vigencia de otros como son el de la veracidad, impulso procesal, celeridad procesal, etc.

b) Sencillez y oralidad

El fin del proceso es obtener la restitución del derecho vulnerado. Para el cumplimiento de tal propósito la disciplina jurídica exige determina¬do formalismo. El proceso es esencialmente formal, pero el exceso de aten¬ción de la forma puede distorsionar los fines del proceso, retardando la sentencia o desatendiendo el fondo del litigio.

La jurisprudencia laboral, al declarar nulos e insubsistentes los actos procesales por el hecho de incurrir en informalidades intrascendentes,. Ha creado un estado de ánimo y actitud en los jueces de trabajo y sus auxiliares, que los lleva a dar prioridad al cumplimiento de las formalidades y a descuidar el fondo del proceso.

Semejante comportamiento, hace del proceso lo que Trueba Urbina denomina la misma jurídica», es decir, la prevalencia de las formas sobre el fondo. El derecho procesal del trabajo no debe ser formalista, sino por el contrario simple y sencillo. Algunos tratadistas para destacar el principio de la sencillez del proceso suelen hablar de la informalidad del proceso. Un ejemplo de la sencillez encontramos en la legislación Venezolana que posibilita la interposi¬ción de la demanda verbalmente, en cuyo caso el juez la reducirá a un acta con la cual se encabeza el proceso. Incluso, el juez está facultado para interrogar al demandante, si fuera menester; para completar la demanda




La oralidad, es un principio estrechamente ligado a la sencillez porque lo que se busca, con ambos, es facilitarle al trabajador la defensa de sus derechos. (Aunque la mayoría de los juzgados en esta materia, así como en la civil hasta las copias se tienen que pedir por escrito)

Lo que se quiere, es que en el proceso laboral prevalezca la forma oral antes que la escrita. Sólo así el juez puede obtener una impresión más cercana a los hechos y al conflicto mismo.

En el proceso escrito, las partes escriben sus versiones, y a través de los escritos llega a conocimiento del magistrado. En el proceso oral, los litigantes y terceros hablan directamente al juez y éste tiene la posibilidad de darse cuenta de las falsedades y sofismas y, de inmediato, exigir las aclaraciones y precisiones.

Para los litigantes, significa la eliminación del papeleo y de diligencias fatigosas, en las que hay que estar más atento a lo que debe escribirse que a lo que debe constatarse.

Por otra parte, la oralidad permite el cumplimiento de otros princi¬pios como el de celeridad, veracidad, inmediación, concentración, etc.

En la medida en que prevalezca la oralidad en el proceso los jueces tendrán menos oportunidad de evadir su obligación de dirigir personalmente, los diferentes actos y diligencias que les permitan una mejor y más rápida administración de justicia, justamente, en el proceso laboral, por no prevalecer la oralidad es que cotidianamente constatamos que la mayoría de los magistrados, lejos de esforzarse por cumplir con la inmediación o la conciliación, por citar un ejemplo, no se intenta, simplemente porque les resulta más cómodo encerrarse en su despacho, que estar presentes en las diligencias en las que se llevan a cabo los más importantes actos procesales.

c) Inmediación

Por este principio, se busca que el magistrado que va a resolver el conflicto dirija personalmente las diligencias más importantes del proceso De esa manera podrá conocer la realidad de los hechos, se percatará de comportamiento y sinceridad con que actúen las partes y terceros. No es lo mismo sentenciar una causa procesada por intermediarios, como son los secretarios, que hacerlo en base a su contacto directo con los actores del proceso. Aquella expresión de que «el expediente habla solo», con la que los jueces tratan de evitar cualquier informe o gestión de los litigantes no siempre es compatible con este principio.

Pero la inmediación, busca también que las partes puedan apreciar la personalidad e idoneidad del magistrado que debe juzgar la causa encomendada

Sobre el tema de inmediación, el contenido del artículo 9O de la ley de Procedimiento Laboral de España es muy elocuente, al disponer que si por causa justificada el magistrado que presidió el acto de juicio no pudiese dictar sentencia deberá celebrase nuevamente».

El Código Procesal Civil ordena que las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante el juez siendo indelegables baje San¬ción de nulidad. Se exceptúen las actuaciones procesales por comisión.

Los magistrados, casi en su totalidad, se percatan de todo lo que suce¬de en el proceso, al momento de sentencian Es decir, no aplican la inmediación, en la mayoría de los casos, simplemente porque les es más cómodo encerrarse dentro de sus oficinas a tener que asistir a las diligencias procesales, quedando la responsabilidad de las mismas en los secretarios.

Ha hecho bien la nueva Ley Procesal del Trabajo al disponer que las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizará ante el juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad.

d) Lealtad Procesal.

También este principio contribuye a hacer efectivo el principio de vera¬cidad. Algunos tratadistas al referirse al mismo, lo denominan principio de probidad o buena fe. Consiste en el deber de decir la verdad en el proceso. Lo que se busca es evitar que se empleen actitudes que no conduzcan al cumplimiento de la finalidad de una adecuada administración de justicia.

No es leal en el proceso el litigante que, lejos de esclarecer la verdad, hace lo posible porque esto no suceda; o cuando mediante actitudes dilatorias se impide la prontitud en el fallo. Isis de Almeida, sintetiza afirmando que «en el proceso no debe haber armas escondidas, el juego es abierto y frranco».~

El Arto. 53 Pr. sobre el particular, faculta a los jue¬ces condenar en costas los escritos sin fundamento legal que tiendan a dilatar el procedimiento o aquellos que sean agravantes para las partes, las autorida¬des judiciales darán cuenta a la Corte Suprema por estas irregularidades.

El Código Procesal colombiano, respecto a este principio dispone: Las partes deben comportarse con lealtad y probidad durante el proceso y elñ juez hará uso de sus poderes para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta o ineficaz del litigio, o cuando se conven¬za de que cualquiera de las partes se sirven del proceso para realizar un acto simulado o para conseguir un fin prohibido por la Ley" (art. 49).

e) Doble instancia

Se denomina instancia, a cada una de las etapas o niveles del proceso y que abarcan desde la interposición de la demanda hasta la sentencia. Es por eso que se suele hablar de sentencias de primera., segunda o tercera instancia, según el caso.

La discusión, en este tema, busca definir silos procesos deben. ser de instancia única o debe haber pluralidad de instancias. Los defensores del primer criterio buscan, a través del mismo, una justicia rápida y con econo¬mía procesal. En cambio, la instancia plural busca evitar el error en los fallos, posibilitando la revisión de los mismos. Couture, sostiene que no debería buscarse «ni tanta economía que la justicia sufra quebranto, ni tanta discusión que prolongue indefinidamen¬te el día de la justicia».

Aquí puede estar el fundamento para la doble instancia dentro de la pluralidad de la misma. La segunda instancia, es un punto de equilibrio que constituye una garantía de mejor justicia y mayor seguridad en la aplicación de la Ley por los órganos judiciales.

La constitución establece como principio de la función jurisdiccional, la pluralidad de la instancia .

El esquema del proceso laboral Nicaragüense está basado en el principio de la doble instancia que, en términos generales, está constituido por los jue¬ces del trabajo y las salas laborales.

En el derecho. comparado, hay muchos países que han implantado procesos que se tramitan en una sola y definitiva instancia, como medio de superar los problemas que genera la demanda masiva del servicio de admi¬nistración de justicia. Por supuesto, se trata de países con un considerable desarrollo en sus sistemas de administración de justicia.

III:- Principio de celeridad procesal

Es otro de los principios fines a los que se refiere la presente clasificación.

Lo que se busca con este principio es la restitución del bien jurídico tutelado, objeto de la transgresión, en el menor tiempo posible. En el caso del derecho del trabajo, la tutela es prioritaria, porque está de por medio la fuente de sustento del trabajador y su familia que no pueden esperar mu¬cho tiempo.

La celeridad procesal está muy ligada a la realización del valor de la justicia. Para destacar su importancia, como medio correctivo, frente al retardo de su administración, las comunidades y tratadistas han propuesto algunos aforismos, como los siguientes: «justicia tardía, no es justicia»; «el tiempo no es oro, es algo más: justicia»; «más vale un mal arreglo que un juicio largo».

La dilación de los procedimientos, en el proceso laboral, acentúa la desigualdad entre trabajador y empleador. porque posibilita el desaliento y abandono de la pretensión del primero en beneficio del segundo.

a) Economía procesal

El hecho de que consideremos la economía procesal como un Principio operativo de la realización del principio de la celeridad, podría dar lugar a sostener que, por el contrario, la celeridad contribuye a la consecución de la economía procesal pero tal apreciación se desvanece si tenemos en cuenta que la economía. procesal no sólo se refiere a la reducción del gasto, sino también a la economía del tiempo y esfuerzo, ingredientes sustancia¬les para el logro del principio de la celeridad, que es sinónimo de urgencia

La economía del gasto, busca que los costos no sean un impedimento para que el proceso se desarrolle con la urgencia que exige la realización de la justicia. Es decir, el costo excesivo podría dilatar el trámite del proce¬so antes que agilizarlo.

Por la economía del tiempo, se busca que los procesos se desarrollen en el menor tiempo posible, lo cual es consustancial a la celeridad procesal.

La economía del esfuerzo busca, como afirma Podetti, la supresión de trámites superfluos o redundantes, reducir el trabajo de los jueces y auxi¬liares de justicia, En conclusión, porque la justicia es urgente hay que economizar, gasto, tiempo y esfuerzo.


b) Concentración

Antes que un principio, la concentración es un mecanismo para el logro de la celeridad del proceso. Consiste en realizar diferentes actos procesales en una sola diligencia. Así, por ejemplo, en el comparendo laboral se contes¬ta la demanda, se busca conciliar el conflicto, y se actúa las pruebas, de ma¬nera que la causa quede expedita para sentenciar Se trata, pues, de concen¬trar la realización de diferentes actos procesales en el menor tiempo posible.

Sobre este tema el artículo 266 Inc f CT dispone que «el proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. El juez dirige el proceso tendiendo a una reducción de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran».

El ideal de este principio es que permita que los actos procesales se concentren en una audiencia de instrucción y juzgamiento, que debe ser continua,

c) Conciliación

Conciliación, viene de la voz latina conciliare que quiere decir compo¬ner, ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. Doctrinaria¬mente, la conciliación tiene su origen en el derecho internacional público, como una figura pan la solución a a los problemas entre Estados. La OIT considera que se trata de -una práctica que consiste en utilizar los servicios de una tercera parte neutral para que ayude a las partes en conflicto a allanar sus diferencias y llegar a una transacción amistosa. o a una solución adoptada de mutuo acuerdo-.

Para Almeida, la conciliación es el más peculiar de los principios del proceso laboral.

Es por eso que la legislación brasileña, somete siempre a conciliación a todos los conflictos individuales o colectivos que sean objeto de la justicia del trabajo, bajo pena de nulidad.

La conciliación libre y sincera. Contribuya a que el conflicto se solucio¬ne en forma satisfactoria para ambos, lo que no siempre consigue una sentencia. Esta última, puede generar enconos y resentimientos en el perdedor, en cambio, la conciliación por ser producto del consenso entre las partes en litigio, muchas veces es causa de simpatías entre los mismos.

La importancia de la conciliación se expresa, popularmente. en el di¬cho: «más vale un mal arreglo que un juicio largo». Como muy bien afirma Kaskel Dersch, en la conciliación no se trata de la interpretación del derecho, como sucede con la sentencia, sino que consiste en la actividad dirigida a la composición de intereses; o como lo quiere Russomano, a la conclusión precoz, anticipada y armoniosa del conflicto, sin vencedores ni vencidos.

Las nuevas corrientes procesales vienen priorizando la conciliación, haciendo de la sentencia, algo accesorio y secundario. La posibilidad de la conciliación siempre está presente, incluso después de la sentencia de pri¬mera instancia y antes de la definitiva. Russomano considera que no es excesivo sostener que la conciliación puede darse incluso en la etapa de ejecución de sentencia.

En el derecho del trabajo la conciliación adquiere una gran significa¬ción, porque posibilita al trabajador la restitución de. su derecho en un tiempo más breve que el que requiera la decisión del juez, ahorrando tiempo..y dinero a los litigantes.

No obstante estar contemplada la conciliación en la ley procesal no se ha sabido apreciar la importancia de la misma. Los comparendos realizados sin la presencia del juez jamás buscaron conciliar el conflicto. Es un hábito casi generalizado que el secretario del juzgado, cuando no un ayudante de éste, da por hecho que la conciliación ha fracasado y continúa con el trámite de los actos subsiguientes. Algunos jueces no son capaces de comprender que la conciliación descongestiona su despacho y le evita dictar la sentencia. A su vez, algunos abogados con¬sideran que la conciliación es incompatible con Él buen honorario y por consiguiente no les interesa conciliar el conflicto.

d) Impulso de oficio

Según este principio el procedimiento debe ser impulsado de oficio por los jueces. Este deber cesará con la sentencia. La Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los magistrados, cualquiera que sea su rango, especialidad o denominación1 están obligados a impulsar de oficio, los procesos, salvo reserva procesal expresa.

Este es un tema que tiene que ver con el impulso procesal y que según Couture, consiste en la acción o fenómeno por virtud del cual se asegura la continuidad de los actos procesales y su dirección hacia el fallo definitivo. El impulso procesal, en teoría, puede corresponder a las partes o al juez, según lo establezca la ley Pero tal aseveración no es absoluta, desde que cuando se habla del impulso de oficio, no significa que las partes queden totalmente liberadas de impulsar el proceso, ni que existan sistemas pro¬cesales en los cuales el magistrado esté impedido absolutamente del im¬pulso procesal.

Lo que si se puede aseverar es que en determinadas áreas, corno es el caso del proceso laboral, existe una preponderancia del impulso procesal de oficio a cargo del juez, teniendo en consideración la naturaleza del bien jurídico que tutela el derecho del trabajo.

El Código Laboral en su parte procesal es imperativo al disponer que
Coincide este temperamento del nuevo Código, con el pensamiento de De Litala, quien pensaba que el poder de iniciativa judicial debe ser asegurado por normas imperativas, dirigidas a garantizar la observancia de las normas procesales y la rapidez y energía del juicio.

LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO LABORAL

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Publicado por ELMAGOAZ @ 1:39 AM  | DERECHO LABORAL
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Comentarios
Publicado por Invitado
Domingo, 08 de mayo de 2011 | 9:01 PM

busco el principio de inquisitoria que pueden decir sobre ello