Viernes, 14 de diciembre de 2007
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS


Suscrita en San Jos? de Costa Rica el 22 de noviembre de
1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre
Derechos Humanos




PRE?MBULO

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convenci?n,

Reafirmando su prop?sito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democr?ticas, un r?gimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, raz?n por la cual justifican una protecci?n internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organizaci?n de los Estados Americanos, en la Declaraci?n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaraci?n Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ?mbito universal como regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaraci?n Universal de los Derechos Humanos, s?lo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos econ?micos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y pol?ticos, y

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprob? la incorporaci?n a la propia Carta de la Organizaci?n de normas m?s amplias sobre derechos econ?micos, sociales y educacionales y resolvi? que una convenci?n interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los ?rganos encargados de esa materia,

Han convenido en lo siguiente:



PARTE I DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS


CAPITULO I
ENUMERACION DE DEBERES

Art?culo 1. Obligaci?n de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convenci?n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est? sujeta a su jurisdicci?n, sin discriminaci?n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi?n, opiniones pol?ticas o de cualquier otra ?ndole, origen nacional o social, posici?n econ?mica, nacimiento o cualquier otra condici?n social.
2. Para los efectos de esta Convenci?n, persona es todo ser humano.

Art?culo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art?culo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car?cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convenci?n, las medidas legislativas o de otro car?cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.


CAPITULO II
DERECHOS CIVILES Y POL?TICOS

Art?culo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jur?dica
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jur?dica.

Art?culo 4. Derecho a la Vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estar? protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepci?n. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los pa?ses que no han abolido la pena de muerte, ?sta s?lo podr? imponerse por los delitos m?s graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisi?n del delito. Tampoco se extender? su aplicaci?n a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecer? la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ning?n caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos pol?ticos ni comunes conexos con los pol?ticos.
5. No se impondr? la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisi?n del delito, tuvieren menos de dieciocho a?os de edad o m?s de setenta, ni se le aplicar? a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnist?a, el indulto o la conmutaci?n de la pena, los cuales podr?n ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud est? pendiente de decisi?n ante autoridad competente.

Art?culo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad f?sica, ps?quica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad ser? tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y ser?n sometidos a un tratamiento adecuado a su condici?n de personas no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendr?n como finalidad esencial la reforma y la readaptaci?n social de los condenados.

Art?culo 6. Prohibici?n de la Esclavitud y Servidumbre
1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto ?stas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres est?n prohibidas en todas sus formas.
2. Nadie debe ser constre?ido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los pa?ses donde ciertos delitos tengan se?alada pena privativa de la libertad acompa?ada de trabajos forzosos, esta disposici?n no podr? ser interpretada en el sentido de que proh?be el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad f?sica e intelectual del recluido.
3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este art?culo:
a) los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resoluci?n formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deber?n realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades p?blicas, y los individuos que los efect?en no ser?n puestos a disposici?n de articulares, compa??as o personas jur?dicas de car?cter privado;
b) el servicio militar y, en los pa?ses donde se admite exenci?n por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aqu?l;
c) el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y
d) el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones c?vicas normales.

Art?culo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad f?sica, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Pol?ticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detenci?n o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detenci?n y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendr? derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que contin?e el proceso. Su libertad podr? estar condicionada a garant?as que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que ?ste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detenci?n y ordene su libertad si el arresto o la detenci?n fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prev?n que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que ?ste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podr?n interponerse por s? o por otra persona.
7. Nadie ser? detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

Art?culo 8. Garant?as Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser o?da, con las debidas garant?as y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci?n de cualquier acusaci?n penal formulada contra ella, o para la determinaci?n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car?cter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garant?as m?nimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o int?rprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicaci?n previa y detallada al inculpado de la acusaci?n formulada;
c) concesi?n al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci?n de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elecci?n y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no seg?n la legislaci?n interna, si el inculpado no se defendiere por s? mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra s? mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesi?n del inculpado solamente es v?lida si es hecha sin coacci?n de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podr? ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser p?blico, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Art?culo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos seg?n el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena m?s grave que la aplicable en el momento de la comisi?n del delito. Si con posterioridad a la comisi?n del delito la ley dispone la imposici?n de una pena m?s leve, el delincuente se beneficiar? de ello.

Art?culo 10. Derecho a Indemnizaci?n
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

Art?culo 11. Protecci?n de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputaci?n.
3. Toda persona tiene derecho a la protecci?n de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Art?culo 12. Libertad de Conciencia y de Religi?n
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religi?n. Este derecho implica la libertad de conservar su religi?n o sus creencias, o de cambiar de religi?n o de creencias, as? como la libertad de profesar y divulgar su religi?n o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en p?blico como en privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religi?n o sus creencias o de cambiar de religi?n o de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religi?n y las propias creencias est? sujeta ?nicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral p?blicos o los derechos o libertades de los dem?s.
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educaci?n religiosa y moral que est? de acuerdo con sus propias convicciones.

Art?culo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresi?n
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi?n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda ?ndole, sin consideraci?n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art?stica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci?n.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputaci?n de los dem?s, o
b) la protecci?n de la seguridad nacional, el orden p?blico o la salud o la moral p?blicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresi?n por v?as o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para peri?dicos, de frecuencias radioel?ctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusi?n de informaci?n o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicaci?n y la circulaci?n de ideas y opiniones.
4. Los espect?culos p?blicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protecci?n moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estar? prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apolog?a del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acci?n ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ning?n motivo, inclusive los de raza, color, religi?n, idioma u origen nacional.

Art?culo14. Derecho de Rectificaci?n o Respuesta
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a trav?s de medios de difusi?n legalmente reglamentados y que se dirijan al p?blico en general, tiene derecho a efectuar por el mismo ?rgano de difusi?n su rectificaci?n o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2. En ning?n caso la rectificaci?n o la respuesta eximir?n de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protecci?n de la honra y la reputaci?n, toda publicaci?n o empresa period?stica, cinematogr?fica, de radio o televisi?n tendr? una persona responsable que no est? protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

Art?culo 15. Derecho de Reuni?n
Se reconoce el derecho de reuni?n pac?fica y sin armas. El ejercicio de tal derecho s?lo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democr?tica, en inter?s de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden p?blicos, o para proteger la salud o la moral p?blicas o los derechos o libertades de los dem?s.

Art?culo 16. Libertad de Asociaci?n
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideol?gicos, religiosos, pol?ticos, econ?micos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra ?ndole.
2. El ejercicio de tal derecho s?lo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democr?tica, en inter?s de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden p?blicos, o para proteger la salud o la moral p?blicas o los derechos y libertades de los dem?s.
3. Lo dispuesto en este art?culo no impide la imposici?n de restricciones legales, y aun la privaci?n del ejercicio del derecho de asociaci?n, a los miembros de las fuerzas armadas y de la polic?a.

Art?culo 17. Protecci?n a la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que ?stas no afecten al principio de no discriminaci?n establecido en esta Convenci?n.
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los c?nyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disoluci?n del mismo. En caso de disoluci?n, se adoptar?n disposiciones que aseguren la protecci?n necesaria de los hijos, sobre la base ?nica del inter?s y conveniencia de ellos.
5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

Art?culo 18. Derecho al Nombre
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentar? la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

Art?culo 19. Derechos del Ni?o
Todo ni?o tiene derecho a las medidas de protecci?n que su condici?n de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Art?culo 20. Derecho a la Nacionalidad
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio naci? si no tiene derecho a otra.
3. A nadie se privar? arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

Art?culo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al inter?s social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnizaci?n justa, por razones de utilidad p?blica o de inter?s social y en los casos y seg?n las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotaci?n del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

Art?culo 22. Derecho de Circulaci?n y de Residencia
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en ?l con sujeci?n a las disposiciones legales.
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier pa?s, inclusive del propio.
3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democr?tica, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden p?blicos, la moral o la salud p?blicas o los derechos y libertades de los dem?s.
4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de inter?s p?blico.
5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.
6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convenci?n, s?lo podr? ser expulsado de ?l en cumplimiento de una decisi?n adoptada conforme a la ley.
7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecuci?n por delitos pol?ticos o comunes conexos con los pol?ticos y de acuerdo con la legislaci?n de cada Estado y los convenios internacionales.
8. En ning?n caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro pa?s, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal est? en riesgo de violaci?n a causa de raza, nacionalidad, religi?n, condici?n social o de sus opiniones pol?ticas.
9. Es prohibida la expulsi?n colectiva de extranjeros.

Art?culo 23. Derechos Pol?ticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la direcci?n de los asuntos p?blicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones peri?dicas aut?nticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresi?n de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones p?blicas de su pa?s.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucci?n, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Art?culo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminaci?n, a igual protecci?n de la ley.

Art?culo 25. Protecci?n Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r?pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci?n, la ley o la presente Convenci?n, aun cuando tal violaci?n sea cometida por personas que act?en en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir? sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi?n en que se haya estimado procedente el recurso.


CAPITULO III
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Art?culo 26. Desarrollo Progresivo
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperaci?n internacional, especialmente econ?mica y t?cnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas econ?micas, sociales y sobre educaci?n, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organizaci?n de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por v?a legislativa u otros medios apropiados.


CAPITULO IV
SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACI?N Y APLICACI?N

Art?culo 27. Suspensi?n de Garant?as
1. En caso de guerra, de peligro p?blico o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, ?ste podr? adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situaci?n, suspendan las obligaciones contra?das en virtud de esta Convenci?n, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las dem?s obligaciones que les impone el derecho internacional y no entra?en discriminaci?n alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religi?n u origen social.
2. La disposici?n precedente no autoriza la suspensi?n de los derechos determinados en los siguientes art?culos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jur?dica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibici?n de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religi?n); 17 (Protecci?n a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Ni?o); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Pol?ticos), ni de las garant?as judiciales indispensables para la protecci?n de tales derechos.
3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensi?n deber? informar inmediatamente a los dem?s Estados Partes en la presente Convenci?n, por conducto del Secretario General de la Organizaci?n de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicaci?n haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensi?n y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensi?n.

Art?culo 28. Cl?usula Federal
1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplir? todas las disposiciones de la presente Convenci?n relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicci?n legislativa y judicial.
2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicci?n de las entidades componentes de la federaci?n, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constituci?n y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convenci?n.
3. Cuando dos o m?s Estados Partes acuerden integrar entre s? una federaci?n u otra clase de asociaci?n, cuidar?n de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que contin?en haci?ndose efectivas en el nuevo Estado as? organizado, las normas de la presente Convenci?n.

Art?culo 29. Normas de Interpretaci?n
Ninguna disposici?n de la presente Convenci?n puede ser interpretada en el sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convenci?n o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convenci?n en que sea parte uno de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garant?as que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democr?tica representativa de gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaraci?n Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

Art?culo 30. Alcance de las Restricciones
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convenci?n, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de inter?s general y con el prop?sito para el cual han sido establecidas.

Art?culo 31. Reconocimiento de Otros Derechos
Podr?n ser incluidos en el r?gimen de protecci?n de esta Convenci?n otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los art?culos 76 y 77.


CAPITULO V
DEBERES DE LAS PERSONAS

Art?culo 32. Correlaci?n entre Deberes y Derechos
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
2. Los derechos de cada persona est?n limitados por los derechos de los dem?s, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien com?n, en una sociedad democr?tica.






PARTE II MEDIOS DE LA PROTECCI?N


CAPITULO VI
DE LOS ORGANOS COMPETENTES

Art?culo 33
Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contra?dos por los Estados Partes en esta Convenci?n:
a) la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisi?n, y
b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.



CAPITULO VII
LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Secci?n 1. Organizaci?n
Art?culo 34
La Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos se compondr? de siete miembros, que deber?n ser personas de alta autoridad moral y reconocida versaci?n en materia de derechos humanos.

Art?culo 35
La Comisi?n representa a todos los miembros que integran la Organizaci?n de los Estados Americanos.

Art?culo 36
1. Los Miembros de la Comisi?n ser?n elegidos a t?tulo personal por la Asamblea General de la Organizaci?n de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros.
2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organizaci?n de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deber? ser nacional de un Estado distinto del proponente.

Art?culo 37
1. Los miembros de la Comisi?n ser?n elegidos por cuatro a?os y s?lo podr?n ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elecci?n expirar? al cabo de dos a?os. Inmediatamente despu?s de dicha elecci?n se determinar?n por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros.
2. No puede formar parte de la Comisi?n m?s de un nacional de un mismo Estado.



Art?culo 38
Las vacantes que ocurrieren en la Comisi?n, que no se deban a expiraci?n normal del mandato, se llenar?n por el Consejo Permanente de la Organizaci?n de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisi?n.

Art?culo 39
La Comisi?n preparar? su Estatuto, lo someter? a la aprobaci?n de la Asamblea General, y dictar? su propio Reglamento.

Art?culo 40
Los servicios de Secretar?a de la Comisi?n deben ser desempe?ados por la unidad funcional especializada que forma parte de la Secretar?a General de la Organizaci?n y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisi?n.

Secci?n 2. Funciones
Art?culo 41
La Comisi?n tiene la funci?n principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de Am?rica;
b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;
c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempe?o de sus funciones;
d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;
e) atender las consultas que, por medio de la Secretar?a General de la Organizaci?n de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestar? el asesoramiento que ?stos le soliciten;
f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los art?culos 44 al 51 de esta Convenci?n, y
g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organizaci?n de los Estados Americanos.

Art?culo 42
Los Estados Partes deben remitir a la Comisi?n copia de los informes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Econ?mico y Social y del Consejo Interamericano para la Educaci?n, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas econ?micas, sociales y sobre educaci?n, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organizaci?n de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

Art?culo 43
Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisi?n las informaciones que ?sta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicaci?n efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convenci?n.

Secci?n 3. Competencia
Art?culo 44
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o m?s Estados miembros de la Organizaci?n, puede presentar a la Comisi?n peticiones que contengan denuncias o quejas de violaci?n de esta Convenci?n por un Estado parte.

Art?culo 45
1. Todo Estado parte puede, en el momento del dep?sito de su instrumento de ratificaci?n o adhesi?n de esta Convenci?n, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisi?n para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convenci?n.
2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente art?culo s?lo se pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaraci?n por la cual reconozca la referida competencia de la Comisi?n. La Comisi?n no admitir? ninguna comunicaci?n contra un Estado parte que no haya hecho tal declaraci?n.
3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ?sta rija por tiempo indefinido, por un per?odo determinado o para casos espec?ficos.
4. Las declaraciones se depositar?n en la Secretar?a General de la Organizaci?n de los Estados Americanos, la que transmitir? copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organizaci?n.

Art?culo 46
1. Para que una petici?n o comunicaci?n presentada conforme a los art?culos 44 ? 45 sea admitida por la Comisi?n, se requerir?:
a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicci?n interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisi?n definitiva;
c) que la materia de la petici?n o comunicaci?n no est? pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y
d) que en el caso del art?culo 44 la petici?n contenga el nombre, la nacionalidad, la profesi?n, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petici?n.
2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente art?culo no se aplicar?n cuando:
a) no exista en la legislaci?n interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protecci?n del derecho o derechos que se alega han sido violados;
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicci?n interna, o haya sido impedido de agotarlos, y haya retardo injustificado en la decisi?n sobre los mencionados recursos.

Art?culo 47
La Comisi?n declarar? inadmisible toda petici?n o comunicaci?n presentada de acuerdo con los art?culos 44 ? 45 cuando:
a) falte alguno de los requisitos indicados en el art?culo 46;
b) no exponga hechos que caractericen una violaci?n de los derechos garantizados por esta Convenci?n;
c) resulte de la exposici?n del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petici?n o comunicaci?n o sea evidente su total improcedencia, y
d) sea sustancialmente la reproducci?n de petici?n o comunicaci?n anterior ya examinada por la Comisi?n u otro organismo internacional.

Secci?n 4. Procedimiento
Art?culo 48
1. La Comisi?n, al recibir una petici?n o comunicaci?n en la que se alegue la violaci?n de cualquiera de los derechos que consagra esta Convenci?n, proceder? en los siguientes t?rminos:
a) si reconoce la admisibilidad de la petici?n o comunicaci?n solicitar? informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad se?alada como responsable de la violaci?n alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petici?n o comunicaci?n. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisi?n al considerar las circunstancias de cada caso;
b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificar? si existen o subsisten los motivos de la petici?n o comunicaci?n. De no existir o subsistir, mandar? archivar el expediente;
c) podr? tambi?n declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petici?n o comunicaci?n, sobre la base de una informaci?n o prueba sobrevinientes;
d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisi?n realizar?, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petici?n o comunicaci?n. Si fuere necesario y conveniente, la Comisi?n realizar? una investigaci?n para cuyo eficaz cumplimiento solicitar?, y los Estados interesados le proporcionar?n, todas las facilidades necesarias;
e) podr? pedir a los Estados interesados cualquier informaci?n pertinente y recibir?, si as? se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;
f) se pondr? a disposici?n de las partes interesadas, a fin de llegar a una soluci?n amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convenci?n.
2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigaci?n previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violaci?n, tan s?lo con la presentaci?n de una petici?n o comunicaci?n que re?na todos los requisitos formales de admisibilidad.

Art?culo 49
Si se ha llegado a una soluci?n amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del art?culo 48 la Comisi?n redactar? un informe que ser? transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convenci?n y comunicado despu?s, para su publicaci?n, al Secretario General de la Organizaci?n de los Estados Americanos. Este informe contendr? una breve exposici?n de los hechos y de la soluci?n lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrar? la m?s amplia informaci?n posible.

Art?culo 50
1. De no llegarse a una soluci?n, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisi?n, ?sta redactar? un informe en el que expondr? los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la opini?n un?nime de los miembros de la Comisi?n, cualquiera de ellos podr? agregar a dicho informe su opini?n por separado. Tambi?n se agregar?n al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del art?culo 48.
2. El informe ser? transmitido a los Estados interesados, quienes no estar?n facultados para publicarlo.
3. Al transmitir el informe, la Comisi?n puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas.

Art?culo 51
1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisi?n a los Estados interesados del informe de la Comisi?n, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisi?n de la Corte por la Comisi?n o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisi?n podr? emitir, por mayor?a absoluta de votos de sus miembros, su opini?n y conclusiones sobre la cuesti?n sometida a su consideraci?n.
2. La Comisi?n har? las recomendaciones pertinentes y fijar? un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situaci?n examinada.
3. Transcurrido el per?odo fijado, la Comisi?n decidir?, por la mayor?a absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.


CAPITULO VIII
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Secci?n 1. Organizaci?n
Art?culo 52
1. La Corte se compondr? de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organizaci?n, elegidos a t?tulo personal entre juristas de la m?s alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que re?nan las condiciones requeridas para el ejercicio de las m?s elevadas funciones judiciales conforme a la ley del pa?s del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.
2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

Art?culo 53
1. Los jueces de la Corte ser?n elegidos, en votaci?n secreta y por mayor?a absoluta de votos de los Estados Partes en la Convenci?n, en la Asamblea General de la Organizaci?n, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.
2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organizaci?n de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deber? ser nacional de un Estado distinto del proponente.

Art?culo 54
1. Los jueces de la Corte ser?n elegidos para un per?odo de seis a?os y s?lo podr?n ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera elecci?n, expirar? al cabo de tres a?os. Inmediatamente despu?s de dicha elecci?n, se determinar?n por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces.
2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completar? el per?odo de ?ste.
3. Los jueces permanecer?n en funciones hasta el t?rmino de su mandato. Sin embargo, seguir?n conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no ser?n sustituidos por los nuevos jueces elegidos.

Art?culo 55
1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, conservar? su derecho a conocer del mismo.
2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados Partes, otro Estado parte en el caso podr? designar a una persona de su elecci?n para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.
3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, cada uno de ?stos podr? designar un juez ad hoc.
4. El juez ad hoc debe reunir las calidades se?aladas en el art?culo 52.
5. Si varios Estados Partes en la Convenci?n tuvieren un mismo inter?s en el caso, se considerar?n como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte decidir?.

Art?culo 56
El qu?rum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.

Art?culo 57
La Comisi?n comparecer? en todos los casos ante la Corte.

Art?culo 58
1. La Corte tendr? su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organizaci?n, los Estados Partes en la Convenci?n, pero podr? celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la Organizaci?n de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayor?a de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados Partes en la Convenci?n pueden, en la Asamblea General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.
2. La Corte designar? a su Secretario.
3. El Secretario residir? en la sede de la Corte y deber? asistir a las reuniones que ella celebre fuera de la misma.

Art?culo 59
La Secretar?a de la Corte ser? establecida por ?sta y funcionar? bajo la direcci?n del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretar?a General de la Organizaci?n en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte. Sus funcionarios ser?n nombrados por el Secretario General de la Organizaci?n, en consulta con el Secretario de la Corte.

Art?culo 60
La Corte preparar? su Estatuto y lo someter? a la aprobaci?n de la Asamblea General, y dictar? su Reglamento.

Secci?n 2. Competencia y Funciones
Art?culo 61
1. S?lo los Estados Partes y la Comisi?n tienen derecho a someter un caso a la decisi?n de la Corte.
2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los art?culos 48 a 50.

Art?culo 62
1. Todo Estado parte puede, en el momento del dep?sito de su instrumento de ratificaci?n o adhesi?n de esta Convenci?n, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convenci?n especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretaci?n o aplicaci?n de esta Convenci?n.
2. La declaraci?n puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condici?n de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos espec?ficos. Deber? ser presentada al Secretario General de la Organizaci?n, quien transmitir? copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organizaci?n y al Secretario de la Corte.
3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretaci?n y aplicaci?n de las disposiciones de esta Convenci?n que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaraci?n especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convenci?n especial.

Art?culo 63
1. Cuando decida que hubo violaci?n de un derecho o libertad protegidos en esta Convenci?n, la Corte dispondr? que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondr? asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situaci?n que ha configurado la vulneraci?n de esos derechos y el pago de una justa indemnizaci?n a la parte lesionada.
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar da?os irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que est? conociendo, podr? tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que a?n no est?n sometidos a su conocimiento, podr? actuar a solicitud de la Comisi?n.

Art?culo 64
1. Los Estados miembros de la Organizaci?n podr?n consultar a la Corte acerca de la interpretaci?n de esta Convenci?n o de otros tratados concernientes a la protecci?n de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podr?n consultarla, en lo que les compete, los ?rganos enumerados en el cap?tulo X de la Carta de la Organizaci?n de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organizaci?n, podr? darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.

Art?culo 65
La Corte someter? a la consideraci?n de la Asamblea General de la Organizaci?n en cada per?odo ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el a?o anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, se?alar? los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.

Secci?n 3. Procedimiento
Art?culo 66
1. El fallo de la Corte ser? motivado.
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opini?n un?nime de los jueces, cualquiera de ?stos tendr? derecho a que se agregue al fallo su opini?n disidente o individual.

Art?culo 67
El fallo de la Corte ser? definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretar? a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa d?as a partir de la fecha de la notificaci?n del fallo.

Art?culo 68
1. Los Estados Partes en la Convenci?n se comprometen a cumplir la decisi?n de la Corte en todo caso en que sean partes.
2. La parte del fallo que disponga indemnizaci?n compensatoria se podr? ejecutar en el respectivo pa?s por el procedimiento interno vigente para la ejecuci?n de sentencias contra el Estado.

Art?culo 69
El fallo de la Corte ser? notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la Convenci?n.


CAPITULO IX
DISPOSICIONES COMUNES

Art?culo 70
1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisi?n gozan, desde el momento de su elecci?n y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplom?ticos por el derecho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos gozan, adem?s, de los privilegios diplom?ticos necesarios para el desempe?o de sus funciones.
2. No podr? exigirse responsabilidad en ning?n tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisi?n por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.

Art?culo 71
Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisi?n con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos.

Art?culo 72
Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisi?n percibir?n emolumentos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones. Tales emolumentos y gastos de viaje ser?n fijados en el programa-presupuesto de la Organizaci?n de los Estados Americanos, el que debe incluir, adem?s, los gastos de la Corte y de su Secretar?a. A estos efectos, la Corte elaborar? su propio proyecto de presupuesto y lo someter? a la aprobaci?n de la Asamblea General, por conducto de la Secretar?a General. Esta ?ltima no podr? introducirle modificaciones.

Art?culo 73
Solamente a solicitud de la Comisi?n o de la Corte, seg?n el caso, corresponde a la Asamblea General de la Organizaci?n resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisi?n o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos. Para dictar una resoluci?n se requerir? una mayor?a de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organizaci?n en el caso de los miembros de la Comisi?n y, adem?s, de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en la Convenci?n, si se tratare de jueces de la Corte.


PARTE III DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS


CAPITULO X
FIRMA, RATIFICACION, RESERVA, ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA

Art?culo 74
1. Esta Convenci?n queda abierta a la firma y a la ratificaci?n o adhesi?n de todo Estado miembro de la Organizaci?n de los Estados Americanos.
2. La ratificaci?n de esta Convenci?n o la adhesi?n a la misma se efectuar? mediante el dep?sito de un instrumento de ratificaci?n o de adhesi?n en la Secretar?a General de la Organizaci?n de los Estados Americanos. Tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificaci?n o de adhesi?n, la Convenci?n entrar? en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la Convenci?n entrar? en vigor en la fecha del dep?sito de su instrumento de ratificaci?n o de adhesi?n.
3. El Secretario General informar? a todos los Estados miembros de la Organizaci?n de la entrada en vigor de la Convenci?n.

Art?culo 75
Esta Convenci?n s?lo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convenci?n de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.

Art?culo 76
1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisi?n o la Corte por conducto del Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta Convenci?n.
2. Las enmiendas entrar?n en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificaci?n que corresponda al n?mero de los dos tercios de los Estados Partes en esta Convenci?n. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrar?n en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificaci?n.

Art?culo 77
1. De acuerdo con la facultad establecida en el art?culo 31, cualquier Estado parte y la Comisi?n podr?n someter a la consideraci?n de los Estados Partes reunidos con ocasi?n de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convenci?n, con la finalidad de incluir progresivamente en el r?gimen de protecci?n de la misma otros derechos y libertades.
2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicar? s?lo entre los Estados Partes en el mismo.

Art?culo 78
1. Los Estados Partes podr?n denunciar esta Convenci?n despu?s de la expiraci?n de un plazo de cinco a?os a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un a?o, notificando al Secretario General de la Organizaci?n, quien debe informar a las otras partes.
2. Dicha denuncia no tendr? por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convenci?n en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violaci?n de esas obligaciones, haya sido cumplido por ?l anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto


.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Secci?n 1. Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos
Art?culo 79
Al entrar en vigor esta Convenci?n, el Secretario General pedir? por escrito a cada Estado Miembro de la Organizaci?n que presente, dentro de un plazo de noventa d?as, sus candidatos para miembros de la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparar? una lista por orden alfab?tico de los candidatos presentados y la comunicar? a los Estados miembros de la Organizaci?n al menos treinta d?as antes de la pr?xima Asamblea General.

Art?culo 80
La elecci?n de miembros de la Comisi?n se har? de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el art?culo 79, por votaci?n secreta de la Asamblea General y se declarar?n elegidos los candidatos que obtengan mayor n?mero de votos y la mayor?a absoluta de los votos de los representantes de los Estados miembros. Si para elegir a todos los miembros de la Comisi?n resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminar? sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban menor n?mero de votos.

Secci?n 2. Corte Interamericana de Derechos Humanos
Art?culo 81
Al entrar en vigor esta Convenci?n, el Secretario General pedir? por escrito a cada Estado parte que presente, dentro de un plazo de noventa d?as, sus candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General preparar? una lista por orden alfab?tico de los candidatos presentados y la comunicar? a los Estados Partes por lo menos treinta d?as antes de la pr?xima Asamblea General.

Art?culo 82
La elecci?n de jueces de la Corte se har? de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el art?culo 81, por votaci?n secreta de los Estados Partes en la Asamblea General y se declarar?n elegidos los candidatos que obtengan mayor n?mero de votos y la mayor?a absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminar?n sucesivamente, en la forma que determinen los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor n?mero de votos.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y debida forma, firman esta Convenci?n, que se llamar? "PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA", en la ciudad de San Jos?, Costa Rica, el veintid?s de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

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Publicado por ELMAGOAZ @ 12:06 AM  | DERECHOS HUMANOS
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