Jueves, 13 de diciembre de 2007
EL DEBIDO PROCESO

Antecedentes

Seg?n Juan Francisco Linares:1970:p:15, ?La garant?a del Debido Proceso tiene su origen en el derecho Ingl?s Medieval, ya que constituye una s?ntesis de la Carta Magna transplantada a las colonias inglesas?.
Retomando lo desarrollado por Juan Francisco Linares, puede el Debido Proceso, dividirse en dos fases:

a) El Debido Proceso en su Faz Procesal: Constituye un conjunto de reglas y procedimientos tradicionales, que el legislador y el ejecutor de la Ley deben observar cuando en cumplimiento de las normas que condicionan la actividad de esos ?rganos (Cn, leyes, reglamentos), se regula jur?dicamente la conducta de los individuos y restringen la libertad civil de los mismos.

b) En su Faz sustantiva: El Debido Proceso, es un patr?n o m?dulo de justicia para determinar dentro del arbitrio que deja la Constituci?n al legislador y la Ley al organismo ejecutivo lo axiol?gicamente v?lido del actuar de esos ?rganos; es decir hasta donde pueden restringir el ejercicio de su arbitrio la libertad del individuo.


Debido Proceso y Derechos Humanos
Si bien la noci?n de Debido Proceso, es com?n a todo tipo de causa, sea esta civil, laboral o comercial; en materia Procesal Penal constituye su fundamento esencial y resulta a la vez una exigencia del ordenamiento de los Derechos Humanos.

En los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, se consagra los requisitos que debe reunir el Debido Proceso, es as? que en el Arto.10 de la Declaraci?n Universal de los Derechos Humanos dispone que ?toda persona tiene Derecho en condiciones de plena igualdad a ser o?da p?blicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinaci?n de sus Derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusaci?n contra ella en materia Penal?

La Declaraci?n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se?ala en su Arto XXVI, Titulado ?Derecho al Proceso Regular?, ?Toda persona acusada de delito tiene el derecho a ser o?da en forma imparcial y p?blica, a ser juzgada por Tribunales anteriores establecidos de acuerdo con leyes preexistentes?.

El Pacto de San Jos? Costa Rica, tambi?n consagra el Debido Proceso, cuando establece en su Arto 8, Apartado 1, ?que toda persona tiene Derecho a ser o?da con las debidas garant?as y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentaci?n de cualquier acusaci?n penal formulada contra ella o para la determinaci?n de sus Derechos y obligaci?n de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car?cter?.

El Arto 14 apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol?ticos disponen, ?toda persona tendr? derecho hacer o?da p?blicamente con las debidas garant?as por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley en la sustanciaci?n de cualquier acusaci?n de car?cter penal formulada contra ella o por la determinaci?n de sus derechos y obligaciones de car?cter civil?.

Para los Derechos Humanos, Debido proceso es entonces un requerimiento b?sico y si recordamos la historia del desarrollo de los derechos fundamentales comprendemos que la acusaci?n y juzgamiento en lo penal, era un instrumento para el poder absoluto, porque daba a lo que es simple persecuci?n, el marco y respetabilidad de lo jur?dico y permit?an sin problemas aplicar los mas fuertes mecanismos de represi?n incluyendo la muerte es por esto que las garant?as procesales revisten una particular importancia para los derechos humanos.

Cada uno de los Artos antes mencionados contienen garant?as que tienen como com?n denominador el procurar la existencia, no solo de un proceso legal, sino tambi?n de un proceso justo que permita al Estado el ejercicio del poder penal y al imputado la oportunidad de defenderse. Del conjunto de estos art?culos se derivan los requisitos esenciales del debido proceso que seg?n Enrique Edwards, pueden sistematizarse en cinco categor?as: a) Juez Natural, b) Derecho a ser o?do, c) Duraci?n razonable del proceso, d) Publicidad del proceso y e) Prohibici?n del doble Juzgamiento; de cada uno de ellos hablaremos m?s adelante.


El Debido Proceso en Nuestra Legislaci?n

Concepto:

En el Debido Proceso, para determinar si una persona es culpable o no de un il?cito, es necesaria la superaci?n de distintas etapas judiciales que en su conjunto se denomina Proceso; esto es aqu?lla actividad compleja, progresiva y met?dica, que se realiza de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado ser? una sentencia. En lo Penal esta secuencia debe contener ciertas garant?as m?nimas que aseguren al imputado, primero su dignidad como persona humana y segundo la posibilidad cierta de ejercer su Derecho de Defensa.

Con el Debido Proceso no se trata de cumplir un tr?mite cualquiera o dar la apariencia ordenada y simplista de procedimientos reglados (donde importa m?s la forma que el contenido), sino de garantizar que no se prive a ning?n individuo de la oportuna tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho (Osvaldo Alfredo Gozaini:1988:p:122).
Se entiende como Debido proceso aquel que encierra todas las Garant?as necesarias para procesar justamente a una persona, ?ste se contempla en nuestra Constituci?n en los Artos. 33, 34, 36,37 y 38Cn. En donde se se?alan las condiciones m?nimas que debe garantiz?rseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusaci?n penal.

La Ley Org?nica del Poder Judicial hace referencia del Debido Proceso, desde el punto de vista de las actuaciones judiciales en su Arto 14, evidenciando la necesidad de que los Jueces y Magistrados impartan justicia sobre la base de las Garant?as Procesales que establece nuestra Carta Magna, para de esta manera procurar a cada ciudadano nicarag?ense una justa y pronta resoluci?n de sus conflictos.

El actual C?digo de Procedimiento Penal, establece las garant?as del debido proceso en su titulo preliminar Principios y Garant?as Procesales (Artos 1 al 17CPP)


Las Garant?as M?nimas que Establece Nuestra Legislaci?n como Debido Proceso:

La esencia de un Debido Proceso radica en que se respeten los preceptos legales que asisten a un individuo, sometido a un proceso, por tal raz?n dichas normas deben ir encaminadas a garantizar a ese ciudadano su dignidad humana. Nuestros legisladores han establecido los derechos de los procesados tratando de evitar con ellos que se cometan arbitrariedades o abusos de parte de las autoridades; a continuaci?n hablaremos de algunas de estas garant?as, que seg?n el Curso de Preparaci?n T?cnica en Habilidades y Destrezas del Juicio Oral pueden ser:

1. Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta seg?n lo establece el Arto 34Cn inco 11 en donde expresamente dice que, ?ninguna persona podr? hacer sometida a una pena por un delito acto que no este previamente tipificado como tal en la Ley, siendo este principio el de Legalidad, que taxativamente establece el C?digo de Procedimiento Penal en su t?tulo preliminar, Arto 1.

2. Prohibici?n de detenci?n arbitraria, el Arto 33Cn inco 1, dispone que nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, en su inco 2 expresa que ninguna persona puede estar detenida mas de cuarenta y ocho horas sin pasar a la orden de autoridad competente (Arto 256CPP primer p?rrafo).

3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garant?as de defensa, consignada ?sta condici?n en el Arto 33Cn, que se?ala, ?nadie puede ser procesado salvo por causa fijada por la ley con arreglos a un proceso legal? y el Arto 34Cn inco 4, garantiza la intervenci?n y defensa del imputado desde el inicio proceso; defensa que tambi?n es asegurada a trav?s del Arto 4CPP.

4. Que ese juicio siga ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales. El Arto 34Cn inco 2 y el Arto 11CPP se?alan que ?el procesado deber? ser juzgado sin dilaci?n por tribunal competente establecidos por la ley?. El Arto 159Cn determina que la facultad jurisdiccional corresponde ?nicamente al poder judicial y el Arto 165Cn, establece que los jueces y magistrados en su actividad judicial son independientes.

5. Que se trate al procesado como inocente hasta que una sentencia firme declare lo contrario, los Artos 34Cn inco 1 y 2CPP se?alan que ?todo procesado tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la Ley?.

6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente, Arto 34Cn inco 11.

7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho. (Arto 34Cn inco 10 y Arto 6CPP ?A ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme?). Entre otras.


Principio de Legalidad

Antecedentes:

A trav?s de la historia el Principio de Legalidad ha tenido vital importancia al momento de la imposici?n de un proceso o una pena. En el tiempo de Mois?s se di? un caso en donde un hijo blasfem? ?el santo nombre? y no estando aun definido penalmente tal delito, Mois?s suspendi? el juicio en espera de la orden divina, viendo claramente entonces la aplicaci?n del Principio de Legalidad, donde no se pod?a someter a una persona a un juicio, por un delito que no estaba tipificado como tal al momento de la comisi?n del hecho.

El derecho romano no trascendi? en materia penal no obstante llegaron a admitir la analog?a y los crimina extraordinaria que era considerada fuente creadora de delitos y penas.

El Derecho Can?nico influye fuertemente en la legislaci?n punitiva de los siglos XII, XIII, y XIV seg?n Federico Puig, citado por Franco Cordero, imprimiendo al derecho penal de la ?poca, los principios de caridad, fraternidad y redenci?n; a pesar de estos aportes, se puede decir que no existe la aplicaci?n del Principio de Legalidad (Cabral Luis:1991:p:269), dado que la doctrina de la iglesia se permite reaccionar frente a cualquier acto que considere reprochable imponiendo una sanci?n, aunque ?sta no estuviera definida con anterioridad en una ley, siendo clara la inobservancia al Principio de Legalidad.

Edad Media, Alberto Binder:1993:p:112 y 113. la lucha entre los se?ores feudales y entre ellos y el rey, entre ambos y la naciente burgues?a, desemboc? en las constituciones de los estados nacionales, que implic? la destrucci?n de la sociedad feudal, el triunfo de la burgues?a y la construcci?n de una nueva sociedad pol?tica. Estos Estados nacionales por una parte abren el camino al individualismo que finalmente generan las grandes revoluciones de los siglos XVII, XVIII. No obstante esta evoluci?n pol?tica, existi? una instituci?n que se mantuvo constante, aunque se modific? paulatinamente en su fundamento, esta instituci?n fue el necesario juicio previo.

Pudiendo decir entonces que el car?cter pol?tico del Principio de Legalidad, nace en la Edad Media, con la necesidad de buscar la limitaci?n del poder, estando siempre unida al Principio de que ninguna persona pod?a ser castigada sin juicio previo, aunque al mismo tiempo la intervenci?n directa de los reyes en los asuntos judiciales siempre se consider? como una de las manifestaciones m?s claras del poder absoluto. Esta garant?a funcionaba de un modo u otro seg?n el poder o prestigio que tuviera quien pretend?a valerse de ellos.

Otras nociones del Principio de Legalidad, seg?n numerosos autores se manifiestan con el Estado de Derecho, en la Carta Magna dada por el rey Juan II de Inglaterra en el a?o 1215 y en Espa?a en el decreto de Alfonso IX en la Corte de Le?n de 1188.
Dicho principio se ve reflejado en la Constituci?n Americana del 1776 (Virginia y Maryland), en el C?digo Penal Austriaco de 1787 y en la Declaraci?n Francesa de los Derechos del Hombre (1789).

Debemos establecer que a pesar de que la aplicaci?n de este Principio se ha dado desde tiempo muy remotos, toma fuerza hasta con la revoluci?n francesa, dado que en ?sta se da un avance necesario para pasar de un estado absolutista a un nuevo esquema de estado liberal, imponi?ndose ?ste ?ltimo con los Principios de: a) Imperio de la ley, b) La divisi?n de poderes c) Legalidad en las actuaciones administrativas d) Garant?as de los derechos y de las libertades fundamentales; constituy?ndose de ?sta manera en la base jur?dica del Derecho Constitucional moderno.

En 1950 la Convenci?n Internacional de Protecci?n Derechos Humanos y Libertades fundamentales plasma el Principio de Legalidad como un Derecho fundamental que asiste y protege a toda persona a la cual se le impute la comisi?n de un delito, ya que el Estado solo puede exigirle responsabilidad a los particulares por sus hechos, cuando estos hayan sido declarados punibles por una ley. Actualmente este Principio se encuentra reflejado en casi todas las Constituciones Pol?ticas de los Estados as? como sus C?digos Penales y Procesales.

Entonces podemos plantear que el origen de este Principio, es consecuencia de la necesidad y exigencia de los pueblos, que se le garantice un juicio y penas justas previamente establecida en la ley, que limiten el poder penal del Estado frente sus ciudadanos.


Concepto:

El Principio de Legalidad en una concepci?n amplia, es proceder como la Ley lo establece y en virtud del cual el Estado puede aplicar el ius puniendi a trav?s de una sentencia firme dictada por un tribunal competente a cargo de jueces imparciales e independientes. Es un proceso legal en el que se absorben las garant?as y formas esenciales y los procedimientos previos a una Ley anterior.

Seg?n Claus Roxin:1989:p:60; ?Este principio significa limitar al poder judicial en lo penal?, es decir, establece que no debe haber pena sin una ley que previamente establezca la punibilidad del hecho.

El concepto de este principio se conoce por primera vez con Cesare Beccaria, quien formulaba que s?lo las leyes pod?an decretar las penas correspondientes a los delitos, siendo su m?ximo exponente Anselm Feuerbach con su frase latina ?nulum crimen, nullum poena sine lege? que constituyen dos exigencias: ?nulum crimen sine lege? y ?nulum poena sine lege?; es decir, no hay delito sin ley anterior al proceso y no hay pena si no est? establecida previamente en la ley; deriv?ndose la frase de Feuerbach, de su teor?a de coacci?n psicol?gica que planteaba la probable abstenci?n de la comisi?n de un delito, por el hecho de saber que la conducta que podr?a realizarse ser?a castigada, es decir, pone al delito como algo no rentable.


Principio de Legalidad en el Proceso Penal Nicarag?ense

El objetivo fundamental de este Principio es que ninguna conducta sea castigada o sancionada si no cumple con los presupuestos requeridos por la Punibilidad: a) La Tipicidad, es decir, que la conducta realizada est? prevista en una norma jur?dica como delito. b) La Antijuricidad, o sea, que el comportamiento del sujeto est? en contra de las leyes del ordenamiento al cual est? adherido y c) La Culpabilidad, que el sujeto por la comisi?n de este acto antijur?dico y t?pico sea merecedor de una pena.

Teniendo este Principio como funciones: Una de Car?cter Pol?tico y otra de Car?cter T?cnico Jur?dico.

? Hablamos de un Car?cter Pol?tico, porque a trav?s del Poder Legislativo se crean y aprueban las leyes que regulan la vida social, econ?mica, pol?tica y jur?dica de los nicarag?enses; esto por medio de las facultades que le otorga la Constituci?n.

? T?cnico Jur?dico, porque los legisladores deben tener sumo cuidado al determinar que conductas ser?n calificadas como punibles, por considerarse estas como lesivas a la seguridad jur?dica y social del pueblo al cual representan.

Este Principio se encuentra consagrado en nuestra Constituci?n Pol?tica en la relaci?n de los Artos 33Cn p?rrafo primero, Arto 34Cn inco 11, Arto 130Cn p?rrafo primero y Arto 183Cn. As? podemos hablar que nuestra Constituci?n dispone que nadie puede ser procesado ni condenado por delitos o actos que no est?n tipificados en la ley, ni sometido a procedimientos que no est?n previamente establecidos, los que deben ser aplicados por ?rganos que gocen de competencia e independencia en la administraci?n de justicia nicarag?ense.

El Arto 1CPP establece que ?nadie podr? ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad, sino mediante una sentencia firme, dictada por un tribunal competente en un proceso, conforme a los derechos y garant?as consagrados en la constituci?n Pol?tica, a las disposiciones de este C?digo y a los tratados, convenios y acuerdos internacionales, suscritos y ratificados por la Rep?blica?.

De estas disposiciones jur?dicas podemos considerar que del Principio de Legalidad se desprenden las siguientes garant?as:

? Garant?a Criminal: No son delitos o faltas m?s que los hechos definidos como tales en el C?digo. Sobre esta garant?a afirma Luz?n Pe?a ?El Principio de Legalidad sirve para evitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo estatal?, en este sentido el Arto 1Pn, establece que s?lo podr?n considerarse como delitos las acciones u omisiones calificadas y penadas por la Ley, y el Arto 18Pn determina que cuando un Juez o cualquier otra autoridad judicial competente se encuentre frente a un hecho que no est? contenido en la ley pero seg?n su criterio sea merecedor de una pena, no podr? ejercer ninguna acci?n.

? Garant?a Penal: ?Nadie puede ser condenado o sancionado con penas diversas a las establecidas en la Ley?. Con ?sta se evita imponer consecuencias jur?dicas indeterminadas ya que el Juez o Tribunal no pueden excederse de los l?mites que se?ala la Ley para la pena en un determinado delito; pudi?ndose establecer la condena entre el m?nimo y el m?ximo de la pena seg?n las circunstancias que rodeen la comisi?n del delito.

? Garant?a Jurisdiccional: Por medio de esta garant?a, no podr? imponerse ninguna sanci?n o pena, sin que se haya realizado un proceso en los t?rminos establecidos por la Ley y ante la autoridad respectiva, que deber? ser siempre la competente. ?Todo procesado tiene Derecho a ser sometido a juicio sin dilaciones y por autoridad competente que deber? ser la que la Ley se?ala? (Arto 34Cn inco 2 y Arto 11CPP); exigi?ndose as? que el delito y la sanci?n penal que se pretende imponer sean determinadas por una sentencia judicial debidamente motivada. La persona a la cual se le imputa la comisi?n de un delito s?lo podr? ser condenada si es llevada a juicio donde goce de todas las garant?as constitucionales y procesales y se pruebe su culpabilidad conforme a Derecho.

? Garant?a de Ejecuci?n: Por la que las penas establecidas no pueden ejecutarse en otras formas y bajo otras circunstancias o accidentes que las previamente establecidas en las Leyes o Reglamentos. Los Artos 402 al 409CPP, establecen los mecanismos legales para poder realizar las sanciones penales por medio de una sentencia, que deber? haber quedado firme para originar su ejecuci?n a trav?s de los Juicios de ejecuci?n. Dicha garant?a es indispensable porque de lo contrario no podr?a ejecutarse ninguna consecuencia jur?dica s? ?sta roza con el marco de legalidad existente.

La inexistencia de ?sta ?ltima garant?a puede producir efectos negativos sobre la persona a quien se le impone la pena, ya que podr?a ser ejecutada de otro modo al establecido por la Ley, acarre?ndole perjuicios.


Consecuencias del Principio de Legalidad Relativas a la Pena

1. Prohibici?n a la retroactividad: Contemplado en nuestra Constituci?n en su Arto 38, que enuncia ?La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo?, Arto 4Pn ?No son punibles las acciones u omisiones que no est?n calificadas como delitos o faltas penados por la Ley anterior a su comisi?n?, y Arto 14Pn: ?Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo?; el fundamento de esta prohibici?n radica en que no se puede aplicar una pena que no est? previamente establecida en la Ley, salvo en los casos que ?sta disminuya la condena al imputado, lo que conlleva a que la organizaci?n de todo el procedimiento penal deba estar fundado en la Ley.
Seg?n Binder:1993:p:130, ?Existe una relaci?n paralela entre la previa legalidad de la tipificaci?n de los delitos y la previa estructuraci?n legal del proceso?; es decir, si no se puede condenar a una persona por un delito que no est? previamente tipificado en la Ley, tampoco se le puede imponer un proceso que no existe en el ordenamiento jur?dico vigente.

2. Prohibici?n de la analog?a: El C?digo Penal proh?be la analog?a, es decir la aplicaci?n de una Ley a un hecho similar al que ella contempla, pero que en la realidad jur?dica no son iguales, son dos hechos distintos. As?, el Arto 13Pn segundo p?rrafo se?ala: ?El Juez debe atenerse estrictamente a la letra de la Ley?.

3. Prohibici?n de fundamentar penas en el Derecho Consuetudinario: Esto es fundamentar la imposici?n de pena en fuentes de Derecho que no sean leyes escritas.

4. Determinaci?n de la Ley Penal: Es decir, proh?be la aplicaci?n de leyes que no determinen con claridad el hecho punible, que no permitan deducir al Juez cual es la conducta que se debe castigar sobre la base de dicha Ley.

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Comentarios
Publicado por Invitado
S?bado, 02 de mayo de 2009 | 2:44 AM
muy bueno el articulo sobre el debido proceso, est? muy completo y bien explicado soy estudiante de derecho y me ha servido mucho.
Publicado por Invitado
Martes, 28 de diciembre de 2010 | 6:36 PM

Gracias, me parece un buen abordaje y por tanto de gran utilidad, soy funcionario del SINAC

 

Publicado por Invitado
Mi?rcoles, 16 de marzo de 2011 | 3:56 PM

Soy abogado procesalista civil pero la forma en que fue abordado el debido proceso me parece magnifica; recordemos que nuestra constitución señala debido proceso en el Arto. 34, pero lo refiere particularmente a lo penal. Según mi criterio y el de otros procesalistas no puede esta norma aplicarse a procesos civiles, mercantiles, administrativos, contensiosos administrativos, etc. de forma directa pero si se puede aplicando la analogía procesal. Saludos cordiales. 

Publicado por Invitado
Martes, 25 de septiembre de 2012 | 5:21 AM

Excelente artículo sobre el "debido proceso" y su respaldo histórico y legal soy profesor del MEP y me ha servido para aclarar algunas dudas.  gracias!