Jueves, 13 de diciembre de 2007
EL DEBIDO PROCESO

Antecedentes

Según Juan Francisco Linares:1970:p:15, “La garantía del Debido Proceso tiene su origen en el derecho Inglés Medieval, ya que constituye una síntesis de la Carta Magna transplantada a las colonias inglesas”.
Retomando lo desarrollado por Juan Francisco Linares, puede el Debido Proceso, dividirse en dos fases:

a) El Debido Proceso en su Faz Procesal: Constituye un conjunto de reglas y procedimientos tradicionales, que el legislador y el ejecutor de la Ley deben observar cuando en cumplimiento de las normas que condicionan la actividad de esos órganos (Cn, leyes, reglamentos), se regula jurídicamente la conducta de los individuos y restringen la libertad civil de los mismos.

b) En su Faz sustantiva: El Debido Proceso, es un patrón o módulo de justicia para determinar dentro del arbitrio que deja la Constitución al legislador y la Ley al organismo ejecutivo lo axiológicamente válido del actuar de esos órganos; es decir hasta donde pueden restringir el ejercicio de su arbitrio la libertad del individuo.


Debido Proceso y Derechos Humanos
Si bien la noción de Debido Proceso, es común a todo tipo de causa, sea esta civil, laboral o comercial; en materia Procesal Penal constituye su fundamento esencial y resulta a la vez una exigencia del ordenamiento de los Derechos Humanos.

En los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, se consagra los requisitos que debe reunir el Debido Proceso, es así que en el Arto.10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que “toda persona tiene Derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus Derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia Penal”

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala en su Arto XXVI, Titulado “Derecho al Proceso Regular”, “Toda persona acusada de delito tiene el derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por Tribunales anteriores establecidos de acuerdo con leyes preexistentes”.

El Pacto de San José Costa Rica, también consagra el Debido Proceso, cuando establece en su Arto 8, Apartado 1, “que toda persona tiene Derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus Derechos y obligación de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

El Arto 14 apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos disponen, “toda persona tendrá derecho hacer oída públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o por la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil”.

Para los Derechos Humanos, Debido proceso es entonces un requerimiento básico y si recordamos la historia del desarrollo de los derechos fundamentales comprendemos que la acusación y juzgamiento en lo penal, era un instrumento para el poder absoluto, porque daba a lo que es simple persecución, el marco y respetabilidad de lo jurídico y permitían sin problemas aplicar los mas fuertes mecanismos de represión incluyendo la muerte es por esto que las garantías procesales revisten una particular importancia para los derechos humanos.

Cada uno de los Artos antes mencionados contienen garantías que tienen como común denominador el procurar la existencia, no solo de un proceso legal, sino también de un proceso justo que permita al Estado el ejercicio del poder penal y al imputado la oportunidad de defenderse. Del conjunto de estos artículos se derivan los requisitos esenciales del debido proceso que según Enrique Edwards, pueden sistematizarse en cinco categorías: a) Juez Natural, b) Derecho a ser oído, c) Duración razonable del proceso, d) Publicidad del proceso y e) Prohibición del doble Juzgamiento; de cada uno de ellos hablaremos más adelante.


El Debido Proceso en Nuestra Legislación

Concepto:

En el Debido Proceso, para determinar si una persona es culpable o no de un ilícito, es necesaria la superación de distintas etapas judiciales que en su conjunto se denomina Proceso; esto es aquélla actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será una sentencia. En lo Penal esta secuencia debe contener ciertas garantías mínimas que aseguren al imputado, primero su dignidad como persona humana y segundo la posibilidad cierta de ejercer su Derecho de Defensa.

Con el Debido Proceso no se trata de cumplir un trámite cualquiera o dar la apariencia ordenada y simplista de procedimientos reglados (donde importa más la forma que el contenido), sino de garantizar que no se prive a ningún individuo de la oportuna tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho (Osvaldo Alfredo Gozaini:1988:p:122).
Se entiende como Debido proceso aquel que encierra todas las Garantías necesarias para procesar justamente a una persona, éste se contempla en nuestra Constitución en los Artos. 33, 34, 36,37 y 38Cn. En donde se señalan las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal.

La Ley Orgánica del Poder Judicial hace referencia del Debido Proceso, desde el punto de vista de las actuaciones judiciales en su Arto 14, evidenciando la necesidad de que los Jueces y Magistrados impartan justicia sobre la base de las Garantías Procesales que establece nuestra Carta Magna, para de esta manera procurar a cada ciudadano nicaragüense una justa y pronta resolución de sus conflictos.

El actual Código de Procedimiento Penal, establece las garantías del debido proceso en su titulo preliminar Principios y Garantías Procesales (Artos 1 al 17CPP)


Las Garantías Mínimas que Establece Nuestra Legislación como Debido Proceso:

La esencia de un Debido Proceso radica en que se respeten los preceptos legales que asisten a un individuo, sometido a un proceso, por tal razón dichas normas deben ir encaminadas a garantizar a ese ciudadano su dignidad humana. Nuestros legisladores han establecido los derechos de los procesados tratando de evitar con ellos que se cometan arbitrariedades o abusos de parte de las autoridades; a continuación hablaremos de algunas de estas garantías, que según el Curso de Preparación Técnica en Habilidades y Destrezas del Juicio Oral pueden ser:

1. Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta según lo establece el Arto 34Cn inco 11 en donde expresamente dice que, “ninguna persona podrá hacer sometida a una pena por un delito acto que no este previamente tipificado como tal en la Ley, siendo este principio el de Legalidad, que taxativamente establece el Código de Procedimiento Penal en su título preliminar, Arto 1.

2. Prohibición de detención arbitraria, el Arto 33Cn inco 1, dispone que nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, en su inco 2 expresa que ninguna persona puede estar detenida mas de cuarenta y ocho horas sin pasar a la orden de autoridad competente (Arto 256CPP primer párrafo).

3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa, consignada ésta condición en el Arto 33Cn, que señala, “nadie puede ser procesado salvo por causa fijada por la ley con arreglos a un proceso legal” y el Arto 34Cn inco 4, garantiza la intervención y defensa del imputado desde el inicio proceso; defensa que también es asegurada a través del Arto 4CPP.

4. Que ese juicio siga ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales. El Arto 34Cn inco 2 y el Arto 11CPP señalan que “el procesado deberá ser juzgado sin dilación por tribunal competente establecidos por la ley”. El Arto 159Cn determina que la facultad jurisdiccional corresponde únicamente al poder judicial y el Arto 165Cn, establece que los jueces y magistrados en su actividad judicial son independientes.

5. Que se trate al procesado como inocente hasta que una sentencia firme declare lo contrario, los Artos 34Cn inco 1 y 2CPP señalan que “todo procesado tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la Ley”.

6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente, Arto 34Cn inco 11.

7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho. (Arto 34Cn inco 10 y Arto 6CPP “A ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme”). Entre otras.


Principio de Legalidad

Antecedentes:

A través de la historia el Principio de Legalidad ha tenido vital importancia al momento de la imposición de un proceso o una pena. En el tiempo de Moisés se dió un caso en donde un hijo blasfemó “el santo nombre” y no estando aun definido penalmente tal delito, Moisés suspendió el juicio en espera de la orden divina, viendo claramente entonces la aplicación del Principio de Legalidad, donde no se podía someter a una persona a un juicio, por un delito que no estaba tipificado como tal al momento de la comisión del hecho.

El derecho romano no trascendió en materia penal no obstante llegaron a admitir la analogía y los crimina extraordinaria que era considerada fuente creadora de delitos y penas.

El Derecho Canónico influye fuertemente en la legislación punitiva de los siglos XII, XIII, y XIV según Federico Puig, citado por Franco Cordero, imprimiendo al derecho penal de la época, los principios de caridad, fraternidad y redención; a pesar de estos aportes, se puede decir que no existe la aplicación del Principio de Legalidad (Cabral Luis:1991:p:269), dado que la doctrina de la iglesia se permite reaccionar frente a cualquier acto que considere reprochable imponiendo una sanción, aunque ésta no estuviera definida con anterioridad en una ley, siendo clara la inobservancia al Principio de Legalidad.

Edad Media, Alberto Binder:1993:p:112 y 113. la lucha entre los señores feudales y entre ellos y el rey, entre ambos y la naciente burguesía, desembocó en las constituciones de los estados nacionales, que implicó la destrucción de la sociedad feudal, el triunfo de la burguesía y la construcción de una nueva sociedad política. Estos Estados nacionales por una parte abren el camino al individualismo que finalmente generan las grandes revoluciones de los siglos XVII, XVIII. No obstante esta evolución política, existió una institución que se mantuvo constante, aunque se modificó paulatinamente en su fundamento, esta institución fue el necesario juicio previo.

Pudiendo decir entonces que el carácter político del Principio de Legalidad, nace en la Edad Media, con la necesidad de buscar la limitación del poder, estando siempre unida al Principio de que ninguna persona podía ser castigada sin juicio previo, aunque al mismo tiempo la intervención directa de los reyes en los asuntos judiciales siempre se consideró como una de las manifestaciones más claras del poder absoluto. Esta garantía funcionaba de un modo u otro según el poder o prestigio que tuviera quien pretendía valerse de ellos.

Otras nociones del Principio de Legalidad, según numerosos autores se manifiestan con el Estado de Derecho, en la Carta Magna dada por el rey Juan II de Inglaterra en el año 1215 y en España en el decreto de Alfonso IX en la Corte de León de 1188.
Dicho principio se ve reflejado en la Constitución Americana del 1776 (Virginia y Maryland), en el Código Penal Austriaco de 1787 y en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre (1789).

Debemos establecer que a pesar de que la aplicación de este Principio se ha dado desde tiempo muy remotos, toma fuerza hasta con la revolución francesa, dado que en ésta se da un avance necesario para pasar de un estado absolutista a un nuevo esquema de estado liberal, imponiéndose éste último con los Principios de: a) Imperio de la ley, b) La división de poderes c) Legalidad en las actuaciones administrativas d) Garantías de los derechos y de las libertades fundamentales; constituyéndose de ésta manera en la base jurídica del Derecho Constitucional moderno.

En 1950 la Convención Internacional de Protección Derechos Humanos y Libertades fundamentales plasma el Principio de Legalidad como un Derecho fundamental que asiste y protege a toda persona a la cual se le impute la comisión de un delito, ya que el Estado solo puede exigirle responsabilidad a los particulares por sus hechos, cuando estos hayan sido declarados punibles por una ley. Actualmente este Principio se encuentra reflejado en casi todas las Constituciones Políticas de los Estados así como sus Códigos Penales y Procesales.

Entonces podemos plantear que el origen de este Principio, es consecuencia de la necesidad y exigencia de los pueblos, que se le garantice un juicio y penas justas previamente establecida en la ley, que limiten el poder penal del Estado frente sus ciudadanos.


Concepto:

El Principio de Legalidad en una concepción amplia, es proceder como la Ley lo establece y en virtud del cual el Estado puede aplicar el ius puniendi a través de una sentencia firme dictada por un tribunal competente a cargo de jueces imparciales e independientes. Es un proceso legal en el que se absorben las garantías y formas esenciales y los procedimientos previos a una Ley anterior.

Según Claus Roxin:1989:p:60; “Este principio significa limitar al poder judicial en lo penal”, es decir, establece que no debe haber pena sin una ley que previamente establezca la punibilidad del hecho.

El concepto de este principio se conoce por primera vez con Cesare Beccaria, quien formulaba que sólo las leyes podían decretar las penas correspondientes a los delitos, siendo su máximo exponente Anselm Feuerbach con su frase latina “nulum crimen, nullum poena sine lege” que constituyen dos exigencias: “nulum crimen sine lege” y “nulum poena sine lege”; es decir, no hay delito sin ley anterior al proceso y no hay pena si no está establecida previamente en la ley; derivándose la frase de Feuerbach, de su teoría de coacción psicológica que planteaba la probable abstención de la comisión de un delito, por el hecho de saber que la conducta que podría realizarse sería castigada, es decir, pone al delito como algo no rentable.


Principio de Legalidad en el Proceso Penal Nicaragüense

El objetivo fundamental de este Principio es que ninguna conducta sea castigada o sancionada si no cumple con los presupuestos requeridos por la Punibilidad: a) La Tipicidad, es decir, que la conducta realizada esté prevista en una norma jurídica como delito. b) La Antijuricidad, o sea, que el comportamiento del sujeto esté en contra de las leyes del ordenamiento al cual está adherido y c) La Culpabilidad, que el sujeto por la comisión de este acto antijurídico y típico sea merecedor de una pena.

Teniendo este Principio como funciones: Una de Carácter Político y otra de Carácter Técnico Jurídico.

• Hablamos de un Carácter Político, porque a través del Poder Legislativo se crean y aprueban las leyes que regulan la vida social, económica, política y jurídica de los nicaragüenses; esto por medio de las facultades que le otorga la Constitución.

• Técnico Jurídico, porque los legisladores deben tener sumo cuidado al determinar que conductas serán calificadas como punibles, por considerarse estas como lesivas a la seguridad jurídica y social del pueblo al cual representan.

Este Principio se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política en la relación de los Artos 33Cn párrafo primero, Arto 34Cn inco 11, Arto 130Cn párrafo primero y Arto 183Cn. Así podemos hablar que nuestra Constitución dispone que nadie puede ser procesado ni condenado por delitos o actos que no estén tipificados en la ley, ni sometido a procedimientos que no estén previamente establecidos, los que deben ser aplicados por órganos que gocen de competencia e independencia en la administración de justicia nicaragüense.

El Arto 1CPP establece que “nadie podrá ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad, sino mediante una sentencia firme, dictada por un tribunal competente en un proceso, conforme a los derechos y garantías consagrados en la constitución Política, a las disposiciones de este Código y a los tratados, convenios y acuerdos internacionales, suscritos y ratificados por la República”.

De estas disposiciones jurídicas podemos considerar que del Principio de Legalidad se desprenden las siguientes garantías:

• Garantía Criminal: No son delitos o faltas más que los hechos definidos como tales en el Código. Sobre esta garantía afirma Luzón Peña “El Principio de Legalidad sirve para evitar el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo estatal”, en este sentido el Arto 1Pn, establece que sólo podrán considerarse como delitos las acciones u omisiones calificadas y penadas por la Ley, y el Arto 18Pn determina que cuando un Juez o cualquier otra autoridad judicial competente se encuentre frente a un hecho que no esté contenido en la ley pero según su criterio sea merecedor de una pena, no podrá ejercer ninguna acción.

• Garantía Penal: “Nadie puede ser condenado o sancionado con penas diversas a las establecidas en la Ley”. Con ésta se evita imponer consecuencias jurídicas indeterminadas ya que el Juez o Tribunal no pueden excederse de los límites que señala la Ley para la pena en un determinado delito; pudiéndose establecer la condena entre el mínimo y el máximo de la pena según las circunstancias que rodeen la comisión del delito.

• Garantía Jurisdiccional: Por medio de esta garantía, no podrá imponerse ninguna sanción o pena, sin que se haya realizado un proceso en los términos establecidos por la Ley y ante la autoridad respectiva, que deberá ser siempre la competente. “Todo procesado tiene Derecho a ser sometido a juicio sin dilaciones y por autoridad competente que deberá ser la que la Ley señala” (Arto 34Cn inco 2 y Arto 11CPP); exigiéndose así que el delito y la sanción penal que se pretende imponer sean determinadas por una sentencia judicial debidamente motivada. La persona a la cual se le imputa la comisión de un delito sólo podrá ser condenada si es llevada a juicio donde goce de todas las garantías constitucionales y procesales y se pruebe su culpabilidad conforme a Derecho.

• Garantía de Ejecución: Por la que las penas establecidas no pueden ejecutarse en otras formas y bajo otras circunstancias o accidentes que las previamente establecidas en las Leyes o Reglamentos. Los Artos 402 al 409CPP, establecen los mecanismos legales para poder realizar las sanciones penales por medio de una sentencia, que deberá haber quedado firme para originar su ejecución a través de los Juicios de ejecución. Dicha garantía es indispensable porque de lo contrario no podría ejecutarse ninguna consecuencia jurídica sí ésta roza con el marco de legalidad existente.

La inexistencia de ésta última garantía puede producir efectos negativos sobre la persona a quien se le impone la pena, ya que podría ser ejecutada de otro modo al establecido por la Ley, acarreándole perjuicios.


Consecuencias del Principio de Legalidad Relativas a la Pena

1. Prohibición a la retroactividad: Contemplado en nuestra Constitución en su Arto 38, que enuncia “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo”, Arto 4Pn “No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delitos o faltas penados por la Ley anterior a su comisión”, y Arto 14Pn: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo”; el fundamento de esta prohibición radica en que no se puede aplicar una pena que no esté previamente establecida en la Ley, salvo en los casos que ésta disminuya la condena al imputado, lo que conlleva a que la organización de todo el procedimiento penal deba estar fundado en la Ley.
Según Binder:1993:p:130, “Existe una relación paralela entre la previa legalidad de la tipificación de los delitos y la previa estructuración legal del proceso”; es decir, si no se puede condenar a una persona por un delito que no esté previamente tipificado en la Ley, tampoco se le puede imponer un proceso que no existe en el ordenamiento jurídico vigente.

2. Prohibición de la analogía: El Código Penal prohíbe la analogía, es decir la aplicación de una Ley a un hecho similar al que ella contempla, pero que en la realidad jurídica no son iguales, son dos hechos distintos. Así, el Arto 13Pn segundo párrafo señala: “El Juez debe atenerse estrictamente a la letra de la Ley”.

3. Prohibición de fundamentar penas en el Derecho Consuetudinario: Esto es fundamentar la imposición de pena en fuentes de Derecho que no sean leyes escritas.

4. Determinación de la Ley Penal: Es decir, prohíbe la aplicación de leyes que no determinen con claridad el hecho punible, que no permitan deducir al Juez cual es la conducta que se debe castigar sobre la base de dicha Ley.

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Comentarios
Publicado por Invitado
Sábado, 02 de mayo de 2009 | 2:44 AM
muy bueno el articulo sobre el debido proceso, está muy completo y bien explicado soy estudiante de derecho y me ha servido mucho.
Publicado por Invitado
Martes, 28 de diciembre de 2010 | 6:36 PM

Gracias, me parece un buen abordaje y por tanto de gran utilidad, soy funcionario del SINAC

 

Publicado por Invitado
Miércoles, 16 de marzo de 2011 | 3:56 PM

Soy abogado procesalista civil pero la forma en que fue abordado el debido proceso me parece magnifica; recordemos que nuestra constitución señala debido proceso en el Arto. 34, pero lo refiere particularmente a lo penal. Según mi criterio y el de otros procesalistas no puede esta norma aplicarse a procesos civiles, mercantiles, administrativos, contensiosos administrativos, etc. de forma directa pero si se puede aplicando la analogía procesal. Saludos cordiales. 

Publicado por Invitado
Martes, 25 de septiembre de 2012 | 5:21 AM

Excelente artículo sobre el "debido proceso" y su respaldo histórico y legal soy profesor del MEP y me ha servido para aclarar algunas dudas.  gracias!